Los representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han aprobado una nueva legislación para facilitar el retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen. La asistencia jurídica para los indocumentados se deja a la libre decisión de cada país comunitario.
El texto aprobado por los embajadores de la Unión Europea deberá ser refrendado por el Parlamento Europeo antes de su aprobación final por los ministros de Justicia e Interior a comienzos de junio.

Otro de los aspectos de la directiva acordada es que los inmigrantes ilegales no podrán volver a Europa durante un plazo de cinco años, medida denunciada por las asociaciones de defensa de los derechos humanos.

El plazo de 18 meses es más alto que el máximo período de detención en dos tercios de los 27. Nueve países comunitarios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que estos pueden estar internados de forma indefinida.

Se calcula que en Europa se encuentran en estos momentos unos 12 millones de emigrantes en situación irregular, cuyo destino debería ser la expulsión a sus países de origen.

Las opiniones y actitudes xenófobas proliferan en el continente, mientras recrudece la tensión diplomática entre España e Italia a propósito de las nuevas medidas que intenta imponer Roma para afrontar el fenómeno.

El debate sobre la inmigración ha estallado en la Unión Europea, tras el éxito electoral de Nicolas Sarkozy en Francia,  y  Silvio Berlusconi en Italia,  la aprobación en Bruselas de una dura directiva sobre los 'sin papeles' pone en evidencia que el discurso de ambos mandatarios ha calado en Gobiernos más moderados.

El debate sobre la inmigración ha estallado en la Unión Europea, tras el éxito electoral de Nicolas Sarkozy en Francia,  y  Silvio Berlusconi en Italia,  la aprobación en Bruselas de una dura directiva sobre los 'sin papeles' pone en evidencia que el discurso de ambos mandatarios ha calado en Gobiernos más moderados

Nadie esperaba que la Unión decidiera con tanta prisa resolver el asunto de la cuestionada directiva sobre la inmigración, debido más que nada a las profundas diferencias que existían entre algunos de los países miembros y al áspero debate que se ha suscitado dentro del Parlamento Europeo. Pero la crisis económica apremia y las presiones de los “duros” –Francia, Italia y Alemania– hicieron posible que, después de tres años de debate, la nueva reglamentación pasara por el trámite más difícil: su aprobación en el Consejo de la UE.

Ahora le espera el paso por el Parlamento, donde liberales, una parte de los socialistas y la izquierda más radical se oponen, mientras que la derecha y los partidos socialdemócratas en el poder, como el caso del PSOE español, están a favor de su aprobación.

Fuentes de ambos bandos coincidían en que la polémica normativa pasará finalmente por la Eurocámara sin inconvenientes. Luego les tocará a los ministros del Interior de los países miembros ponerla en vigor.

Mientras Bruselas daba vía libre a la nueva directiva, Italia y España se enfrascaban en el enésimo episodio de disputa diplomática acerca de esta espinosa cuestión. El secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, le reprochó en Madrid a su homólogo italiano, Andrea Ronchi, la decisión de Roma de convertir en delito la inmigración ilegal, ya que entiende que esta medida “desproporcionada” puede “contribuir a desviar los flujos inmigratorios” hacia los países vecinos. Es decir: no preocupa la inmoralidad de las medidas, sino que esas medidas terminen mandando a los inmigrantes hacia otro lado.

En una reunión mantenida en el Ministerio de Asuntos Exteriores, López Garrido se mostró también preocupado por la decisión italiana de limitar el Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de los ciudadanos europeos por el territorio de la Unión, una medida que Italia quiere tomar para expulsar a los gitanos de origen rumano y búlgaro, ciudadanos europeos de pleno derecho desde que ambos países ingresaron en la UE y que de otro modo no podrían ser expulsados.

A la espera de lo que diga el Parlamento, que en el peor de los casos no se espera que bloquee la directiva, puesto que hasta para los más críticos resulta mejor esta norma que ninguna, los países deberán ahora prepararse para cumplirla, tanto desde el punto de vista legal, como en la construcción de infraestructuras correspondientes.

Sin embargo ONG, organismos de derechos humanos y organizaciones de inmigrantes consideran la normativa una auténtica vergüenza que le quita a la Unión, a partir de ahora, la credibilidad moral para defender los derechos humanos fuera de su territorio.

.