"¡Decepción!" "¡Frustración!" "¡Injusticia!"... los despachos de prensa no cesan de traducir el desencanto generado por la directiva, cuyo objetivo es armonizar las políticas europeas respecto a los inmigrantes sin los documentos pertinentes, y que contempla la detención de éstos hasta por 18 meses.

"Consideramos que es una medida desmemoriada y antihistórica. No sólo que desconoce que todos los países de América Latina abrieron las puertas a los inmigrantes europeos, sino que el proceso de globalización, que a futuro incrementará las corrientes migratorias aún más, es causa de la migración", señaló el embajador de Ecuador en Suiza, Jorge Marchán,  tras conocer la decisión de la Unión Europea.

El presidente de este país sudamericano, Rafael Correa, calificó la 'directiva de retorno' de "directiva de la vergüenza", y amenazó con promover la suspensión de las negociaciones de la Comunidad Andina de Naciones (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia) con la Unión Europea.

"¿De qué cooperación estamos hablando cuando se trata como criminales a los migrantes?", se preguntó.

Pero sin lugar a dudas el pronunciamiento más fuerte en torno a la medida europea, fue la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez ya que no sólo las rechazó sino que amenazó con suspender el suministro de petróleo a los países que la apliquen.

Su voz fue una en medio de un coro de protestas: Fidel Castro se refirió al reciente levantamiento de sanciones de la Unión Europea contra Cuba de hipocresía; Evo Morales, de Bolivia, invitó a los países africanos a sumarse a la protesta. La avalancha de reproches comenzó el día mismo en que el Parlamento Europeo, con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, luego de tres años de negociaciones y desoyendo las propuestas de los Verdes y de la izquierda, que se oponían a la totalidad del texto, y las de los socialistas, que buscaban suavizarlo, aprobó la 'directiva de retorno'.

La ley de Directiva de Retorno fue aprobada el 18 de junio por el Parlamento Europeo y establece que los inmigrantes ilegales pueden ser retenidos hasta por 18 meses mientras se tramita su repatriación.

Prevé que se les prohíba volver a pisar suelo europeo en un período de hasta cinco años y que los menores no acompañados puedan ser retenidos, repatriados y devueltos a sus países de origen, entre otras medidas.

La Directiva de Retorno de inmigrantes irregulares de la Unión Europea ha recibido el repudio general de los gobiernos de Latinoamérica.

La normativa fue condenada por el Parlamento del Mercosur (Parlasur), instó al pleno de presidentes que participaron en la cumbre semestral del bloque del Cono Sur, celebrada al pasado 29 de junio en Argentina a ratificar su repudio.

Según expertos, la Cumbre del Mercosur se alzó como oportunidad de acordar una acción conjunta en contra de la directiva europea ante los riesgos que podrían correr los emigrantes suramericanos.

La repatriación incrementaría el desempleo en la región, que además vería reducida la recepción de remesas de dinero.

La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará a la UE una misión para obtener información y discutir sobre las implicaciones de la norma. Los 34 países miembros de la OEA expresaron su "preocupación por las leyes y medidas adoptadas por algunos Estados, que pueden restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes".

El Grupo de Río también manifestó su malestar por la Directiva de Retorno de la Unión Europea y demandó "garantizar un trato digno y justo a los migrantes indocumentados".

Pese al repudio latinoamericano, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que la directiva europea es un "avance progresista", porque "es un primer marco normativo común" que "no existía".

En una entrevista a El País, Zapatero añadió que si Europa cuenta ahora con "garantías jurisdiccionales para la gestión del retorno y la estancia en los centros de internamiento y antes no", significa un avance.

"Se puede estar de acuerdo o no, pero lo que no se puede decir es que se criminaliza la inmigración o que se atenta contra los derechos humanos", afirmó, además de precisar que en España ya existían garantías para la gestión del retorno.

"Si algún líder latinoamericano me pregunta (sobre la directiva), se la explicaré y se quedará tranquilo, porque no cambia en nada su régimen jurídico y allí, donde hay ciudadanos latinoamericanos ilegales, y hasta ahora no tuvieran garantías, las van a tener. Lo peor es el vacío legal y el limbo jurídico", agregó.

Pero los mandatarios latinoamricanos no ven claro ese avance en pro de los inmigrantes en la directiva de retorno, al contrario ven con preocupación la medida por que afectará los derechos humanos.
La medida también ha recibido el rechazo de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
"Europa no puede seguir emitiendo directivas sin tener en cuenta la situación en el mundo...", indica Manon Schick, de Amnistía Internacional (AI) Suiza.

"... y la situación en el mundo es que hay mucha migración. Hay que tomar medidas, claro, pero no decidir como si Europa estuviera fuera del mundo, fuera de las razones que hacen que la gente tenga que salir de su país".

Para AI la 'directiva del retorno', aprobada por el Parlamento Europeo, el pasado 18 de junio, no garantiza una repatriación en condiciones de seguridad y dignidad.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a dar batalla contra la ley y pidió su revisión. Considera que la política europea hacia la inmigración puede afectar los acuerdos comerciales en marcha.

Como millones de latinoamericanos, muchos de ellos  también son hijos o nietos de inmigrantes europeos. Son el fruto de una generación que, aquejada por las guerras, el hambre y la falta de oportunidades, debió abandonar el Viejo Continente para buscar un futuro más alentador en estas latitudes.

Los países de los cuales provienen sus antepasados, son los mismos que hoy, en condiciones mucho más prósperas, quieren expulsar a sus compatriotas que, paradójicamente, salieron a buscar en Europa un porvenir más digno.

Quizás por eso, sus palabras, en el inicio de las deliberaciones del ParlaSur (Parlamento del MERCOSUR), reflejaron el dolor y la indignación que sólo las grandes injusticias o las humillaciones más arteras pueden generar en el alma de los pueblos.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, países que conforman la MERCOSUR, en su más reciente cumbre, han sido los últimos pero también los que más fuertes han rechazado por unanimidad y en términos categóricos la denominada "Directiva de Retorno". Dicha normativa además establecer la expulsión de los inmigrantes ilegales e, incluso, plantea la posibilidad de encerrarlos como delincuentes durante el proceso de extradición a sus países de origen.

Por todo eso, los países latinoamericanos tildaron a la medida de "xenófoba", "antidemocrática" y "violatoria de los derechos humanos" y reclamaron su inmediata derogación.

El rechazo de los gobiernos latinoamericanos a la nueva política inmigratoria europea fue plasmado en una resolución, la cual será remitida a la Organización de Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, entre otros organismos internacionales, reclamando que tomen cartas en el asunto.