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El Gobierno ha reducido drásticamente las expectativas con las que diseñó su plan de ayudas para que los inmigrantes no comunitarios
que se queden sin empleo puedan regresar a sus países de origen.

El proyecto, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó en su discursode investidura, se concretará en septiembre y no afectará en principio a más de 10.000 personas, según cálculos del ministerio de Trabajo e Inmigración.

La cifra está bastante lejos de los 1,2 millones de inmigrantes d esempleados que podrían acogerse al plan a lo largo de los próximos tres años, según declaró el ministro Celestino Corbacho.

Percibirán en dos plazos el subsidio al que tengan derecho si se van.El plan de ayudas al retorno voluntario afecta a los inmigrantes en situación de desempleo que pertenezcan a los 19 países no comunitarios con convenios en materia de Seguridad Social con España.

El Gobierno calcula que puede haber ahora en esta situación poco más de 100.000y que no será menos del 10% los que acepten finalmente acogerse al plan voluntario de ayudas gubernamentales. La cifra total de parados extranjeros no comunitarios asciende a 165.000.

El Consejo de Ministros fue informado sobre esta cuestión por Corbacho, titular de Trabajo e Inmigración. El plan de retorno, que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que se concretará en septiembre, ofrece la posibilidad de regresar a sus países de origen a inmigrantes no comunitarios desempleados, a cambio de recibir el cobro acumulado de la prestación de desempleo que tengan reconocida.

Esta posibilidad está limitada a los inmigrantes no comunitarios desempleados de 19 países con los que España tiene convenios en materia de Seguridad Social. Ecuador y Marruecos son los países de origen de más de la mitad de los 100.000 inmigrantes no comunitarios desempleados, según los cálculos gubernamentales.

 

 

 

 

 

El resto de los países de origen hasta los 19 son latinoamericanos (Colombia, Argentina, Venezuela...). Los desempleados de estos países
que se acojan al plan de retorno recibirán sus prestaciones en dos plazos: el primero, en España por el 40% de su importe. Y el segundo, el otro 60%, en su país, al mes siguiente.

Pasados tres años desde el retorno voluntario, el trabajador podrá solicitar de nuevo la autorización para vivir y trabajar en España. Y pasados cinco años, tendrá derecho preferente para regresar.

A través de este programa, el Gobierno pretende, como consecuencia de la situación de crisis económica en España, aliviar la cifra de parados
hay 2,4 millones de desempleados y el Gobierno admite que la tasa subirá del 9,6% actual al 11% en 2009-. También pretende favorecer el desarrollo de los países de origen de los inmigrantes desempleados mediante su retorno, lo que les permitiría seguir trabajando allí con sus recursos y su experiencia profesional, según explicó Fernández de la Vega.

Los trámites para la capitalización de la prestación de desempleo para los inmigrantes que se acojan al plan los gestionará el Servicio Pública
de Empleo. Y la Agencia Española de Cooperación gestionará, a su vez, los microcréditos para quienes quieren realizar inversiones en sus países de origen.

“Quiero señalar que se trata de una medida de carácter permanente y no coyuntural, de la que han sido informados los interlocutores sociales y el Parlamento así como las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Inmigración”, añadió De la Vega. La medida llega en un contexto de crisis económica en España, que el Gobierno ya admite.

La vicepresidenta señaló que el Ejecutivo reconoce la situación económica“en toda su dimensión” y asume “su complejidad”. Llamó, a continuación, a afrontarla “con decisión, en vez de cucumbir al desánimo”.

 

 
     

 

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