La Constitución está lista y consta de 444 artículos y 30 disposiciones transitorias. El presidente de la Asamblea Fernando Cordero y los miembros de la Comisión de Redacción, expresaron sus conclusiones durante una rueda de prensa realizada en Manta.

Como una Constitución garantista y diversa, calificó Ramiro Ávila, uno de los miembros de la Comisión de Redacción, a la nueva Carta Magna del Ecuador, está en consideración de los asambleístas y del país en general, a través de la pagina web de la Asamblea Constituyente.

La mayor crítica que se le ha hecho a la nueva Carta Magna, aprobada el pasado 19 de Julio y que debe ser sometida a referendo en septiembre .próximo, es que le da a la figura del presidente poderes insospechados.

En la que las nuevas atribuciones del líder izquierdista le permitirían neutralizar la influencia de los partidos políticos y grupos económicos tradicionales.

Así lo reseñan no solo miembros de la oposición sino diversos analistas, que ven en la nueva Carta Política una tendencia“hiperpresidencialista” que, según recuerdan, ha causado en el pasado serios problemas de gobernabilidad.

Sondeos dan ventaja a Correa para ratificar las reformas, aunque el mandatario deberá seguir aplicando medidas populares para asegurarse
el apoyo necesario en las urnas.

Dos temas en particular, dentro de muchos, concentran la preocupación de la oposición. El primero es que el Presidente puede disolver el Congreso (solo una vez) en caso de que se arrogue funciones “que no le corresponden constitucionalmente”, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y convocar elecciones anticipadas.

Y el segundo es que el Ejecutivo asuma la formulación de las políticas monetaria y cambiaria y la crediticia, con lo que se queda con muy amplios poderes en materia económica y financiera.

Para el presidente actual, Rafael Correa, este punto es vital, pues desde su época de ministro de Hacienda del gobierno de Alfredo Palacio sostiene una disputa por el excesivo poder de los banqueros en el país.

Mientras tanto, Ramiro Aguirre, subrayó que en todo momento, observaron las facultades que les otorgó el Reglamento de la Asamblea. “Lo principal fueron los temas de fondo que pusimos en conocimiento del Pleno y que fueron resueltos como es de domino general.

Las otras facultades son formales, pero que ciertamente tiene repercusiones importantes en la redacción de un texto, esto es evitar repeticiones,
corregir gramaticalmente bajo normas comunes que fue lo primero que fijamos, en total 32 que consideramos importantes y que fueron la base para corregir los textos, reunificarlos, ponerlos en un contexto más integral y evitar repeticiones conceptuales, dijo.

Aclaró que no hubo mutilaciones de textos, ya que de ninguna manera pueden violentar la voluntad el constituyente, lo que hizo fue darle forma jurídica y consistente a los textos.

MAYOR PODER, MAYOR RIESGO

De aprobarse la nueva Constitución, el Poder Ejecutivo ampliará su mandato a varias áreas que en la Constitución vigente estaban derivadas a otras instituciones. Por ejemplo, tendrá como competencia exclusiva“la seguridad nacional, las relaciones internacionales, el registro de personas,la nacionalización de extranjeros y el control migratorio, las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria y fiscal, y el comercio exterior y el endeudamiento”.

También “las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda, las áreas naturales protegidas y los recursos naturales, y el manejo

de desastres naturales; además de que las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales, el espectro electromagnético y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones”.

Asimismo, “puertos y aeropuertos, los recursos energéticos, de hidrocarburos e hídricos, la explotación de recursos naturales, como petróleo,
minería, el control y administración de las empresas públicas nacionales”.

En áreas protegidas, y tendrá más capacidad para ajustar los presupuestos de entidades clave, como el Ejército, cuyo apoyo es crucial para la continuidad de un mandatario.

Correa, un ex profesor universitario de economía, ya ha dado algunos pasos para fortalecer el rol y la presencia del Estado en la economíaecuatoriana, que depende de las exportaciones petroleras y agropecuarias para su subsistencia.

“Es una Constitución hecha a medida de Correa porque piensan que se eternizarán en el poder y no han pensado en redactar un documento original como si fuera a gobernar un opositor”, dijo el asambleísta socialcristiano Leonardo Viteri.

Analistas creen que la retórica izquierdista del líder ecuatoriano tiene un fin más electoral que político, y le ha permitido aumentar su popularidad a niveles históricos en un país cuyos presidentes electos desde 1996 no sobrepasaron el año y medio de gestión, acosados por la presión ciudadana.

Los críticos temen que con sus nuevos“súperpoderes,” Correa decida seguir los pasos de su aliado el presidente Hugo Chávez, quien nacionalizó sectores clave de la economía en su búsqueda de implantar una economía socialista.

“No hay sorpresas, sólo refleja la voluntad de una persona de aprovechar las circunstancias para hacer su Constitución,” dijo el político opositor Jacinto Velázquez.

Aunque desde su llegada al poder en el 2007 Correa ha atemorizado a los mercados con su discurso radical sobre la deuda externa, que podría ser declarada “ilegítima” según la nueva carta magna, la contratación petrolera o los proyectos mineras, por el momento su política se ha mostrado pragmática.

Desde el 2000, cuando Ecuador dolarizó su economía, el país ha vivido una relativa estabilidad
económica con niveles de crecimiento en los últimos cinco años por encima del 3,5 por ciento anual, según datos del Banco Central. Pero, en el primer año de gestión de Correa, el crecimiento cayó a un 1,96 por ciento por problemas en el sector petrolero y su carencia de inversiones, así como por la paralización del incipiente sector minero.

Por otro lado, Viteri consideró que la nueva “Constitución es totalitaria y le permite al Presidente meter mano en todo: desde la propiedad hasta su libertad, con lo que podrá acumular poderes”.

La Asamblea Constituyente discutirá un régimen de transición teniendo en cuenta que durante el periodo comprendido entre la realización del referendo aprobatorio de septiembre y la convocatoria a elecciones generales no habrá órgano legislativo, pues éste fue cesado por la Asamblea antes de su instauración, en noviembre
pasado.

En caso de que gane el SI en el referendo, las funciones legislativas las asumiría la actual Constituyente, de mayoría oficialista.

Pero si gana el NO, el muy desprestigiado Congreso cesado volvería al poder y todo sería como antes.