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L a crisis entre Ecuador y Colombia se agudiza y
todo parece indicar que la crispación va para largo
rato. Luego que el Gobierno ecuatoriano entregara
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
una demanda contra Colombia, por los efectos de
las aspersiones aéreas en la frontera.
Si bien Ecuador explicó que es una “coincidencia” que la
demanda fuese presentada en pleno conflicto con Colombia,
a la luz de los hechos se constituye en otro elemento que
crispa más la relación. Entre otras razones, porque el pres-idente Rafael
Correa había anunciado que su gobierno daría una respuesta “contundente” al gobierno de Álvaro Uribe, por su “soberbia” y sus “atropellos”, al justificar la incursión del
1 de marzo y vincular a Quito con las FARC. Sin embargo,
la Cancillería señaló que “la proximidad entre la presente
demanda y las resoluciones de la OEA y de los jefes de
Estado es absolutamente fortuita”.
En el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, la canciller
María Isabel Salvador informó que la misión ecuatoriana
en Holanda entregó a la Corte Internacional de Justicia la
demanda contra Colombia, por las fumigaciones.
En una declaración, la Jefa de la diplomacia ecuatoriana
explicó el objetivo de la demanda y el equipo de diplomáti
cos y juristas que repre-sentarán al Ecuador en el proceso.
En esencia, el Gobierno de Correa busca tres pronun
ciamientos por parte de La Haya. Uno, que declare que
Colombia “ha violado la soberanía y la integridad territorial
del Ecuador, en contravención del derecho internacional,
por su práctica de aspersiones aéreas, que ha causado daños
al país, su población y medioambiente”. Dos, el Ecuador
busca que la Corte Internacional dicte “una orden para que
Colombia se abstenga en el futuro de realizar aspersiones a
una distancia de 10 kilómetros desde la frontera”. Tres, el
Gobierno espera “una orden de que Colombia pague repa
raciones a Ecuador por el daño causado por las aspersiones
ilegales”.
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Durante la argumentación para la presentación de la deman
da, la canciller Salvador señaló que la población fronteriza
ha sufrido durante siete años impactos por las fumigaciones
aéreas de Colombia. Sus palabras se refieren a que el programa de aspersiones con glifosato del vecino del norte se
ejecuta desde el 2000 en el marco del Plan Colombia. Ese
plan, financiado por Estados Unidos, busca erradicar con
los cultivos ilícitos de coca y, así, cortar las actividades
del narcotráfico que financian a las FARC.
La demanda coincide además con el anuncio de Correa de
iniciar una nueva misión diplomática contra Colombia por
América Latina y Europa, en rechazo al ataque del ejército
colombiano al campamento de las FARC en el que murió el
segundo al mando de esa organización rebelde, Raúl Reyes
y una 20 de guerrilleros más.
El incidente que ya se había zanjado en la Cumbre del Río
de República Dominicana y en la Orga-nización de Estados
Americanos, OEA. Sin embargo el presidente ecuatoriano
decidió revivir el tema al comprobarse que uno de los
guerrilleros muertos era Franklin Aisalia, un ciudadano
ecuatoriano que según las mismas autoridades de su país,
desde el 2003 se le conocían vínculos con las FARC.
Pero el inconformismo de Ecuador no para allí, en momentos que se anunciaba la demanda a Colombia ante la
Corte Internacional, un helicóp-tero del Ejército de este país
violaba el espacio aéreo colombiano aunque luego se dijo en
Ecuador que fue algo involuntario.
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